¿Necesitamos la vuelta del Defensor de la ciudadanía en Jerez?

Los dos anteriores Defensores de la ciudadanía de Jerez – Foto La Voz del Sur.

Tanto nuestra Constitución como nuestro Estatuto de Autonomía andaluz, contemplan la figura del Defensor/a del Pueblo, como un órgano que se encarga de velar por el respeto a los derechos de la ciudadanía con respecto a su relación con la Administración.

A bote pronto, parece una institución absurda por lo inconcebible que parece ser que la ciudadanía se tenga que ‘defender’ de lo que hace la Administración, formada ésta en nuestra democracia por políticos elegidos por el pueblo más todos el personal funcionario. ¿Se tiene entonces que ‘defender’ un ciudadano o ciudadana de lo que hacen sus propios representantes y quiénes estos designen en la labor de sus funciones políticas? Absolutamente, sí.

Cuando la persona se dirige a la Administración se encuentra con una enorme maquinaria, regulada por la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que los funcionarios nos hemos de saber de pé a pá. Entre plazos, silencios administrativos, solicitudes, recursos de alzada, potestativo de reposición o recursos de revisión de carácter extraordinario, etc, la persona no habituada a esta jerga se vuelve literalmente ‘loca’, y si no tiene una buena asesoría – recordemos, asesorarse cuesta dinero en una sociedad cada vez más empobrecida – seguro que comete algún error que producirá o la anulación del procedimiento, el archivo y diferentes situaciones que siempre perjudica al más débil: el ciudadano o ciudadana.

Ahora bien, estamos hablando de dos grandes maquinarias: la administración estatal y la autonómica (que en Andalucía es mucho más grande que en algunos otros estados de Europa).

Pero ¿y en la administración local? ¿hace falta la figura de tal Defensor? Depende. Si vivimos en un pueblo de dos mil habitantes donde ves al alcalde o alcaldesa todos los días por la calle, no hace falta, porque hablando se entiende la gente. Pero en el caso de nuestra ciudad, Jerez, en el que algunas personas parecen considerarla una ciudad-estado, sí creo que hace falta.

Sin embargo, una de las medidas que tomó este último gobierno del Partido Popular que ya cuenta sus días hasta mayo, fue esa precisamente: la desaparición del Defensor de la Ciudadanía con el pretexto del ahorro y la austeridad. Que pudo ser una razón, sí, pero realmente a la vez se recortaba la libertad de la ciudadanía jerezana para ‘defenderse’ de un macroayuntamiento donde la figura de la Alcaldesa necesita de una cita para hablar con ella, que la conseguirás o no en el plazo que necesites. Con concejales inaccesibles para el ciudadano común, porque nuestros políticos tienen la mala costumbre de hacer más caso a las asociaciones que a las personas como individuo. Además, nuestros concejales – todos los representados en la corporación, gobierno y oposición – no es que den muchas facilidades para que un ciudadano se acerque a ellos. Sí, me dirán que existe la sede del grupo municipal de tal partido incluso las sedes de sus partidos, pero al ciudadano eso no le resulta familiar. Es más, acudir a un determinado partido político, le puede favorecer o no en la resolución de un asunto con la administración porque somos como somos al significarnos con tal partido.

Por eso, es esencial la figura de un defensor o defensora del pueblo de Jerez, una persona independiente, de reconocido prestigio, como los dos anteriores que tuvimos, que sean un referente para la ciudadanía, un enlace, entre administrados y administración y gratuito, para que todo el mundo puede ejercer la defensa de sus derechos. No sé qué coste tendrá, pero si cuesta algo, merece la pena. Quizás, reduciendo el suelo a los concejales de nuestra corporación en una parte proporcional para dar un sueldo digno a quien ocupe la institución, si realmente el ayuntamiento no se puede permitir este gasto.

Cada partido político que se presente a las elecciones, debería dejar claro al electorado su posición en la devolución de nuevo al pueblo de Jerez de alguien que lo defienda lejos de los intereses políticos.

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